Voceadores --menores entre ellos-- detenidos y encerrados por la policía municipal, por repartir Artículo 7

Policías estatales vestidos de civiles, presentes en la ilegal acción

En lo que se considera un atentado a la libertad de expresión, esta mañana fueron detenidos seis jóvenes que repartían un semanario gratuito "Artículo 7". Éste era entregado en la ciudad, como es costumbre, cada semana.

La noticia de la detención de los jóvenes causó un generalizado descontento en la ciudadanía. El hecho viola a todas luces la libertad de expresión. Incluso se utilizó la fuerza pública para llevarse a los jóvenes a los separos de la policía municipal.

En primera instancia, los hechos ocurrieron en el fraccionamiento del "Fovi" al norte de la ciudad. El vehículo en donde se encontraban los jóvenes fue detenido por más de 30 policías municipales. Los uniformados bajaron y golpearon al chofer de nombre Arturo Canul.

Varias calles adelante, a un costado de la escuela secundaria "Miguel Barrera Palmero" el vehículo decomisado por los uniformados se detuvo. En ese momento numerosos vecinos del rumbo se apostaron a un costado del auto para intentar que fuera dejado en libertad.

Varios de los elementos policíacos que acudieron al sitio, mencionaron que la orden de aprehender a los jóvenes venía directamente del alcalde José Luis Peniche Bates, quien mencionó que "habría que detener a todos los vehículos donde estuviera gente identificada con acción nacional".

Incluso el presidente del comité municipal del PRI, Luis Trejo Cervera ordenaba personalmente los movimientos de la policía municipal. Estaba acompañado por policías estatales, vestidos de civil, y ellos provocaban el enfrentamiento.

Cabe señalar que sobre Trejo Cervera, pesan diversas denuncias de actos de corrupción durante la pasada Feria, además de que fue acusado por activistas de su mismo partido político. Lo acusan de haber mandado a golpear a algunas personas que amenazaron con abandonar su partido, luego de que Luis Trejo fuera impuesto como presidente del comité del tricolor.

En el sitio, la regidora panista Reyna Pérez Tinah del ayuntamiento de Tizimín, acudió al lugar y constató el abuso policiaco al detener a los menores de edad sin orden legal alguna. Lo calificó como un acto más denigrante y de cobardía del alcalde Peniche Bates.

En el momento en que la regidora Pérez Tinah se acercó a un policía municipal para preguntar el motivo en la detención del vehículo, uno de los elementos la empujó, provocando el enojo de los vecinos.

En punto de las 13 horas, a la comandancia de policía municipal ubicada en los bajos del palacio, llegaron los familiares de los jóvenes detenidos. Denunciaron el abuso policíaco e incluso sin descartar que alguno de los jóvenes haya sido agredido físicamente.

Los jóvenes detenidos son: Julio Arturo May Cache, Martín Alfredo Canché, Manuel Castro Cupul, Marisol Chan Rosado, María Paula Nahuat Tamayo y Erik Ávila Rosado.

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A las 15 horas con 20 minutos fue presentada la queja ante la Codhey (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán) por parte del director del semanario, Franz Fortuny Loret de Mola. Ésta quedó plasmada en el expediente con el folio 0000053105043, ante el licenciado en derecho Miguel Ángel Alvidres Quijano, auxiliar de la Oficialia de Quejas, Orientación y Seguimiento del organismo.

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Se viola flagrantemente el Artículo 7 de la Carta Magna:

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Jamás pudo una ley proteger en forma más integral y completa la labor del semanario Artículo 7 que la letra textual del artículo constitucional del cual emana nuestro nombre:

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar so pretexto de la denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros"...

¡Gracias ley fundamental, por ser tan exacta a los lineamientos del Semanario Artículo 7! Esperemos que los legisladores que ahora van a llegar al congreso no procedan de inmediato a modificar este artículo de la Magna Ley Mexicana, ahora que obviamente están descubriendo que no les favorece. Así lo han hecho en cada caso y si el pueblo continúa dándoles poder, así lo seguirán haciendo hasta provocar una nueva guerra civil, con muchos muertos --muchos más de los 12,500 del combate a la delincuencia organizada que repiten todos los días para destruir la imagen del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Hoy la ley fundamental de México fue violada, masacrada, pisoteada, por la gendarmería a cargo del alcalde de Tizimín, Jose Peniche Bates.

El acto perpetrado fue tan asqueroso al sentir de los ciudadanos de esa villa del oriente de Yucatán, que salieron a la calle y están allá, reunidos en grandes números, protestando en contra de verdaderos delincuentes públicos.

El arresto --la privación de la libertad-- y el secuestro de los impresos de Artículo 7 contraviene, viola, destruye, masacra y violenta el orden constitucional de la nación mexicana.

En las páginas de papel y electrónicas de Artículo 7 hemos repetido hasta el cansancio que este régimen de gobierno estatal está violando en forma ya violenta y descarada cuanta ley existe en el país. Las garantías individuales y la libertad de movimiento han quedado mancilladas por la gendarmería con armas de grueso poder y calibre ahora en poder de personas bajo el mando de políticos que se convierten en verdaderos criminales una vez que tienen el poder en sus manos.

¿Qué van a hacer ahora?

¡Van a inventar delitos!

Artículo 7 declara hoy que si los yucatecos no se han dado cuenta, ya es hora de que despierten. El poder le fue entregado a un grupo que peca además de falta de imaginación e inteligencia para violentar la ley, porque la ha roto en forma descarada.

Tenemos el más reciente ejemplo en Eduardo Chuc Baas, que ahora se une al arresto de voceadores que incluían en su repartición ejemplares de Artículo 7.

Y estos delincuentes de grueso calibre son defendidos por un diario que lucra de extraer --¿bajo extorsión?, ahora no lo creemos-- moneda del erario estatal para pago de facturas que escuetamente amparan "cobertura de eventos". Redactar y cubrir notas es algo que sabemos hacer muy bien en Artículo 7: ¿por qué no se nos paga a nosotros esa cantidad? ¡Ah, se les escogió a ellos! ¿Sin concurso para pagar $23 millones?

Todo, yucatecos, está chueco, está mal, está torcido.

Y el día 5 de julio... ¡el día 5 de julio! ¿Se dan cuenta de a dónde hemos llegado?

La única entidad que ha violado alguna ley el día 2 de julio de 2009 en Yucatán, es la policía de Tizimín y todos los que fueron cómplices en el arresto violatorio de cualquier garantía individual de voceadores expresamente protegidos por el Artículo 7 Constitucional.

¿En dónde está la solidaridad de los medios ante un atentado a la libertad de expresión?

Medios sesgados. Medio que vive del dinero que recibe de un partido político o del gobierno, es medio que no tiene interés en la libertad de expresión porque, por definición, ya no la tiene: sólo puede hablar de lo que sus pagadores le permitan.

En Internet han proliferado las "páginas de noticias". Todas ellas deben estar recibiendo su "maíz", como es "natural" en este país, México, de ésos que se ven "bien" en sus notas.

Artículo 7 fue objetivo de un atentado a su libertad de expresar dentro de los términos del artículo constitucional que lleva su nombre.

Delitos oficiales consumados. No sólo los ciudadanos que no son autoridad pueden ser sujetos de la comisión de delitos: también cometen delitos los policías de todos los rangos, los alcaldes, los gobernadores, los legisladores y el presidente.

El día 2 de julio de 2009, como lo explica con todo detalle nuestra nota, los policías uniformados que detuvieron a los 6 jóvenes --2 menores, una niña de 15 años y un niño de 16-- que estaban repartiendo nuestro semanario, cometieron un delito.

Las personas que les dieron a los policías la orden de arrestar a los jóvenes repartidores, cometieron, también, un delito.

Las personas que los mantuvieron encerrados --a los menores en un baño dentro del edificio municipal-- en Tizimín, cometieron también por lo menos el delito de privación ilegal de la libertad, con las agravantes del encierro de los menores.

Las personas que los trasladaron por la carretera de Tizimín a Mérida esa noche, son cómplices de la privación ilegal de la libertad de los 6 jóvenes.

Proceso con mañas. Después de una noche completa esperando que la instancia jurídica dependiente del gobierno de Yucatán liberara a los 6 jóvenes, no fue sino hasta las 5 de la mañana que lo hizo con los 2 menores. La menor se negó a declarar; el menor aceptó declarar. Le presentaron para que firmara una declaración en la que decía que se le había "detenido" por repartir volantes o folletos de propaganda electoral. Pero se toparon con un joven despierto e inteligente: se negó a firmarlo en esos términos. Insistió: "yo estaba repartiendo ejemplares del semanario Artículo 7". Finalmente, así quedó su declaración.

Traslado a dependencia federal: PGR. Liberación. No habiendo podido fincar delito alguno de los llamado del "fuero común", los 4 jóvenes fueron entregados a la dependencia federal. Aplicando simplemente la ley vigente en nuestro país, en menos de 4 o 5 horas, los 4 fueron liberados sin habérseles fincado delito o falta alguna que ameritara castigo o sanción de ninguna clase.

Programa televisivo y páginas de Internet. Haste el momento de estar escribiendo estas líneas, varias páginas de Internet mantienen la falsedad, tratando de inventarle a Artículo 7 o a su personal, algún delito en forma mediática.

Al programa de televisión con el conductor José Luis Preciado, acudió el procurador y volvió a repetir que se les detuvo porque "supuestamente" estaban repartiendo volantes de propaganda política. Lo que le faltó decir al C. Procurador es que la detención no tuvo ningún fundamento legal porque, para empezar, estaban repartiendo ejemplares del semanario Artículo 7, 56. Tampoco el comentarista ayudó a que la verdad quedara clara.

Pidiendo derecho de réplica, gente que escuchó el programa de Preciado fue aceptada para decir su versión en la misma forma que la versión "oficial" había sido dicha.

Impunidad. Todos los elementos están dados: oficialmente se configuraron delitos. Nosotros no somos profesionales de la ley, sino periodistas tratando de informarle a la gente temas que sustentamos con investigación para ayudar a entender o a aclarar aquello que puede estar sujeto a confusión e influir erróneamente en las tomas de decisiones cotidianas.

El sentido común más sencillo nos dicta que la secuencia de hechos configura delitos y quien comete delitos debe ser juzgado y castigado según la gravedad de los mismos.

Si no hay juicio, si no se persigue el delito configurado por los participantes en el secuestro y privación ilegal de la libertad a los 6 involucrados --2 menores de edad entre ellos-- caeremos en una situación de impunidad oficial y estaremos, como sociedad, enviando el mensaje de renuncia a nuestra seguridad.

Nuestros empleados. La policía estatal está cada día más armada. Cada día hay más retenes y cada día están cometiendo más arbitrariedades. Ellos no son nuestros verdugos, sino nuestros empleados. Como tales, somos nosotros quienes debemos decidir, como sociedad, si los queremos en los cargos que tienen o si deben ser sustituidos por nuevos contratados.

La gobernadora Ivonne Ortega y el presidente Calderón, son también empleados de la sociedad yucateca y mexicana respectivamente. Si actúan con arbitrariedad provocarían una escición social y la necesidad de removerlos de sus cargos.

Hechos a investigar. Debe conocerse con exactitud:

1. Si la orden de llevar a cabo el arresto fue aprobada por la gobernadora
2. Si la orden del arresto fue aprobado u ordenado por el alcalde de Tizimín
3. Si gente del PRI estuvo involucrada en el suceso, acusando con falsedad o bien, participando en la operación
4. Si el aparato oficial de Tizimín --personal, equipo y edificio-- estuvo en algún momento en forma directa o indirecta bajo las órdenes del priismo
5. Si personal y equipo del estado de Yucatán estuvieron bajo las órdenes del priismo yucateco o tizimileño

Compensación monetaria. Las familias de los 6 voceadores y los voceadores mismos deben ser compensados económicamente para contrarrestar el daño existencial --temporal o continuado-- que pudieran haberles causado. Esto implica demanda penal y demanda civil. Y ambas están dirigidas a la actuación de los elementos que se hayan involucrado.

Reacción de la sociedad. Si una vez más la sociedad yucateca les deja a "otros" la realización de acciones para compensar estos daños, se habrá consumado, también, la ecuación de calidad de pueblo igual a calidad de gobierno.

www.a7.com.mx