El pasado 29 de Junio en el Congreso del Estado de Yucatán se enlistó, discutió y aprobó la Reforma Electoral en sus modificaciones a la Constitución del Estado y a la ley secundaria. Esto con miras a tener unas mejores normas electorales para el Proceso Electoral Local del 2010, y después de varios meses de análisis en foros y reuniones que concluyeron en un dictamen final que se aprobó el sábado pasado amaneciendo domingo, y con más de 10 hrs de deliberaciones.

En algunos aspectos, estas reformas propuestas son mandato federal para modificar lo correspondiente a nivel local e ir en concordancia con la reforma electoral del 2007 hechas por el Congreso de la Unión. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales fuimos a más, en aras de darle al ciudadano garantía jurídica para tener mejores elecciones.

Los diputados y las diputadas estamos conscientes que no hay norma que sea un producto acabado, pues la realidad, necesidades y demandas del ciudadano cambian como cambia su entorno. Sin embargo, debemos legislar con visión y responsabilidad de atender en un contexto general y preciso la problemática que se nos presenta.

En los debates y deliberaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales se dejo claro que estas reformas no sería un traje a la medida del Gobierno en turno, ni un traje a la medida de alguna fuerza política, y tampoco sería filia y complacencia para quien hoy Gobierna, ni fobia y flagelación para quien hoy es Oposición.

La iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo sufrió grandes modificaciones de forma y de fondo, se hizo un verdadero trabajo legislativo en aras de construir un consenso que beneficie al ciudadano.

Se coincidió que al fortalecer a los órganos electorales fortalecemos la competencia democrática en el Estado, y por ende al ciudadano que podrá elegir autoridades con mayores elementos de juicio. Propuesta de Acción Nacional, y presentada por un servidor, fue garantizar a nivel constitucional la autonomía de la Contraloría Interna del IPEPAC, encargada de fiscalizar los ingresos y egresos del instituto, al dotarla de autonomía técnica y de gestión. El titular de la Contraloría deberá ser designado por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, y durará en su cargo 6 años estableciendo una posible reelección con la misma forma de aprobación. Para el nombramiento del titular de la Contraloría del IPEPAC se estableció un mecanismo transparente y se garantizó que al Poder Legislativo lleguen propuestas serias al establecerse proponentes serios.

Propuesta de Acción Nacional, y presentada por un servidor, fue fortalecer a la Unidad Técnica de Fiscalización, órgano encargado de fiscalizar las finanzas y los recursos de los partidos políticos, pues no solo se garantizó que exista una mayoría calificada en el Consejo General del IPEPAC para su nombramiento, sino que se le doto de mayores atribuciones que permitan su actuación debida. Mientras la discusión hoy en día, en plenas campañas electorales federales, el IFE nos dice a los ciudadanos que no tiene herramienta jurídica para poder actuar ante los evidentes derroche de recursos y rebase del tope de campaña, también, hoy en día esta reforma propone que el IPEPAC a través de la Unidad Técnica de Fiscalización pueda iniciar y concluir oportunamente procesos extraordinarios de fiscalización ante la denuncia de algún partido político o ciudadano. La Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir de las personas físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos. Es decir, se podrá investigar a personas y figuras, que sean satélites o prestanombres y que actúen en complicidad de intereses con algún partido político.

Propuesta de Acción Nacional, y presentada por un servidor, fue la creación de la Comisión de Quejas y Denuncia para la atención oportuna y desahogo de asuntos presentados a la autoridad electoral.

Como diputado creo firmemente que la ley que todo prohíbe pero nada sanciona es ley muerta, y que el Pueblo gana cuando se sanciona por igual, y más cuando se sanciona a intereses relacionados con el Poder Político.

En esta reforma se fortalecieron las sanciones al uso indebido de los recursos ordinarios y por rebasar los topes de campaña, así como sancionar a los servidores públicos que violenten las leyes y los acuerdos del Consejo General del IPEPAC, que este fije para garantizar la equidad en los próximos procesos electorales locales.

Propuesta de Acción Nacional, y presentada por un servidor, fue establecer que las sanciones a los partidos políticos podrán llegar hasta la reducción de un 50 % de las ministraciones de financiamiento público que les corresponda. Las sanciones a los topes de precampaña o campaña podrán ser hasta la cancelación del registro del precandidato y del registro del candidato, sin importar el tiempo que falte para la jornada electoral.

Lucha histórica en el Partido Acción Nacional es combatir la impunidad y hacer que las leyes se cumplan. Las sanciones en estas reformas es una herramienta jurídica de alta responsabilidad para los consejeros del IPEPAC, quienes tendrán la oportunidad de demostrarnos en los próximos procesos electorales locales, que ya tienen "una tarjeta roja en la bolsa" y la deberán usar contra quienes rebasen los topes de precampaña o campaña sea quien fuere.

En la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales estuvimos conscientes que certidumbre política es lo que más se requiere después de una jornada electoral; certidumbre política de que gobernará conforme a la ley quien ganó en las urnas aún con un voto de diferencia; certidumbre política de parte de quienes no ganaron de respetar los resultados y a las instituciones. La figura del recuento de votos que se plasmó en esta reforma atiende esta demanda.

Propuesta de Acción Nacional, y presentada por un servidor y garantizada en la Constitución del Estado, fue establecer que en elecciones altamente competidas para Gobernador del Estado, Diputados Locales y Presidentes Municipales podrá haber un recuento de todos los votos y todas las casillas si la diferencia entre el primer y el segundo lugar es igual o menor al 1 % de los votos válidos. Mecanismo ágil, transparente y con presencia de las fuerzas políticas en competencia se realizará un recuento de cada voto de cada ciudadano.

Estas propuestas torales y otras más fueron aceptadas en la comisión, en su totalidad fueron alrededor de 25, en un buen ejercicio legislativo de incluir y deliberar lo mejor para los ciudadanos.

Los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, Patricia Gamboa Wong y un servidor, Julio Garrido Rojas, presentamos en un principio la propuesta de mantener en la ley el 2 %para conservar el registro y acceder a prerrogativas por parte de los partidos políticos. Sin embargo, con el ánimo de lograr un consenso por todo lo logrado anteriormente, se decidió ser flexible, y que se estableciera un condicionamiento si este porcentaje bajaba, es decir, para registro y acceso a prerrogativas el 1.5 % en votación emitida en la última elección de diputados de mayoría relativa. El condicionamiento fue que si el partido político no rebasa el 2 % de la citada votación, los recursos vía prerrogativas que maneje no podrán ser utilizados para sufragar sueldos, bonos o compensaciones. Así evitaríamos que los partidos políticos emergentes transformen a su institución política en una forma de vida de sus dirigentes que atente contra los postulados y principios democráticos que todo partido político debe observar. Los presidentes de los partidos políticos fueron muy claros en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, deseaban recursos para crecer y nosotros los diputados garantizamos que así sea, recursos para crecer no recursos para vivir.

La diputada Patricia Gamboa Wong en todo momento estaba enterada de que este acuerdo llevaría a flexibilizar este punto, e inclusive el miércoles 24 de Junio antes de la sesión de la comisión, aceptó y pidió que este punto "lo soltáramos a lo último" una vez que hayan sido incluidas todas las propuestas de Acción Nacional, las presentadas por ella y por un servidor, como así fue. Por cortesía política adicional, habría que explicarle muy bien a la Coparmex Mérida quién está mintiendo.

La presidenta del PAN en Yucatán, Magaly Cruz Nucamendi, estuvo al tanto en todo sobre la reforma electoral y como estaba perfilándose a ser dictaminada y este punto en particular también. El viernes 26 de Junio en llamada telefónica por 40 minutos se comunicó Magaly Cruz Nucamendi preocupada por lo que le acababa de decirle la diputada Gamboa Wong de no saber el sentido que tenía la reforma electoral. Atribuí este comportamiento a una posible amnesia que pudo originar el virus AH1N1, del cual salió positivo la diputada Gamboa Wong y que irresponsablemente desacató las disposiciones federales para evitar contagiar a más personas y asistió al Congreso del Estado sin importar los trabajadores y sus familias, y seguidamente procedí a explicarle a la presidenta del PAN en Yucatán todo el contenido de la reforma punto por punto los cambios y como beneficiaban a los ciudadanos y que eran propuestas de Acción Nacional. En ningún momento, la presidenta del PAN solicitó dar marcha atrás, es más, valoró la importancia de lo obtenido y de que era lo que se estaba cediendo a cambio, la comunicación telefónica concluyó de conformidad por ambas partes.

De ahí en adelante y por enfermedad, la diputada Patricia Gamboa Wong nombra su representante personal ante la comisión, diputado Rodolfo González Crespo, quien la mantendría al tanto de todo lo que se estaba proponiendo y sucediendo, como así fue en todo momento. Viendo un servidor de la existencia de un representante personal, y ante el riesgo que se le vuelva a olvidar a la diputada Gamboa Wong lo platicado, me pareció apropiado que haya comunicación exclusiva con su representante, quien a su vez, presentó la noche del sábado algunas propuestas que habiéndose deliberado se incluyeron algunas y otras 2 se desecharon.

Se aprobó el dictamen de la reforma constitucional aproximadamente a las 23:00 hrs. del sábado 27 de Junio, y el dictamen de la ley secundaria a las 04:40 hrs del domingo 28 con el voto unánime de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, y en presencia del representante personal de la diputada Gamboa Wong. Se firmó y se instruyó a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado subir de inmediato los dictámenes a la página de internet del Poder Legislativo y enviárselo por correo electrónico a los 25 diputados y diputadas.

El 29 de Junio en comunicación con la Coordinación Nacional de Diputados Locales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con su titular Juan Alfonso Mejía, coincidimos que 2 artículos (Libro V, Titulo V, Artículos 378 y 388, referente a la Unidad Técnica de Fiscalización) estaban muy sueltos en el dictamen y debían ser modificados, hecho que comenté que era posible si no se caía en una cerrazón política de negarse a todo por parte de la diputada Patricia Gamboa Wong, quién tuvo como único objetivo reventar todo el consenso.

Por lo anteriormente dicho, y ante lo sucedido el 29 de Junio donde se enlistó en el orden del día de la sesión de pleno para su discusión y aprobación, realizo los siguientes comentarios:

1.- La reforma electoral aprobada en comisión y en el pleno, en su modificación constitucional y ley secundaria es una reforma de avanzada, no es perfecta pero si de gran alcance, que mejora en mucho la anterior y no representa en ningún punto una regresión política. Que al momento de su aprobación en el pleno podían integrarse cambios no considerados en sus deliberaciones, pero no modificaciones contrarias a los puntos ya consensado, y que eran de conocimiento -sin excepción- de todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales.

2.- Las reformas aprobadas no son un traje a la medida de la Gobernadora. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue casi en su totalidad modificada, quién más aportó y más modificaciones plasmo en la reforma constitucional y la ley secundaria fue el Partido Acción Nacional, decir lo contrario es mentir. Habría que revisar en la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales quien sí asistió a las sesiones y quien no, quien hizo propuestas y cuales fueron, quien participo en las deliberaciones y los debates, y quien solo se dedicó de forma oportunista a ganar una nota mediática para descalificar el trabajo que debió cuidar cuando si tenía derecho a voz y a voto en la comisión. Al final, un servidor no se prestó a la incongruencia de decir una cosa y hacer otra, y menos defendiendo posturas políticas de intereses mezquinos.

3.- Miente y traiciona al Pueblo de Yucatán quien dice defender sus derechos y el de los ciudadanos y solo persigue intereses políticos de grupo. La doble moral y el doble discurso, que un servidor tanto ha criticado en el Gobierno del Estado, no solo es exclusiva del partido gobernante, sino que también en la Oposición hay actores políticos que públicamente dicen apostarle a que a Yucatán le vaya bien y por otro lado andan saboteando los posibles consensos que podrían beneficiar al Estado.

4.- Como diputado debo pensar siempre en el bien de la ciudadanía por encima de los partidos políticos; como panista deseo que mi Partido recupere los espacios de gobierno perdidos en 2007; como ciudadano deseo que existan leyes que nos den garantía de desarrollo y bienestar. Las visiones sectarias y excluyentes de quienes dirigen el Gobierno y la Oposición han hecho que Yucatán no avance como todos queremos, y como así lo hemos prometido.